La ampliación del polígono de Olloniego-Tudela ha supuesto una inversión total de casi 30,8 millones de euros, según la liquidación que el Ayuntamiento ha remitido al Instituto del Carbón y que cierra cuatro años de trámites y obras.
Estas más de 50 hectáreas de la vega del Nalón transformadas en suelo industrial en la última década, ni siquiera eran parte de Oviedo. Alfonso IX fue quien entregó a la ciudad el alfoz de Nora a Nora. San Pelayo de Olloniego, hasta mediados el siglo XIX, era parte del concejo de Tudela. El polígono conserva el nombre de las dos parroquias señeras del municipio que, en septiembre de 1857, «incapaz de levantar sus cargas» y a petición de los vecinos, se agregó a Oviedo.
La integración trajo pocos cambios. La vega del río siguió siendo rural, mientras que en sus montes, una decena de empresas comenzaron a arrancarle a la tierra hulla y mineral de hierro a caballo entre los siglos XIX y XX. Los últimos pozos de carbón echaron -San Frechoso y Confiada- echaron el cierre a mediados de los 90, cuando las empresas ya arrancaban piedra y no minerales a las laderas del valle. Su cierre dejó el mismo panorama que en el resto de las cuencas: paro, emigración, cierre de negocios y despoblación.
Para todos los problemas llegó el maná de los fondos mineros. Oviedo desempolvó la anexión decimonónica y el pasado de galerías y vagonetas de Tudela y entró en la nómina de beneficiarios.
La transformación del valle empezó a gestarse en 1996. El alcalde apostó por invertir los fondos en crear suelo industrial en la antigua zona minera del municipio. La primera fase del polígono de Olloniego-Tudela contó con 18,2 millones de euros de los dineros para la reconversión de las comarcas mineras.
Su gestión se encomendó a Gesuosa y ahí empezaron los problemas. Se adjudicaron las obras a la UTE Ogensa-Obascon Huarte en 10,4 millones a los que hubo que sumar 6 en modificados y otros cinco en expropiaciones. Los nueve meses del proyecto inicial se fueron a casi tres años. Eso sí, para la inauguración, en 2002, las 91 parcelas tenían dueño y la demanda había superado con mucho la oferta, por lo que las administraciones se pusieron a trabajar en su ampliación, por el medio, los escándalos y los incumplimientos de los proyectos presentados por los compradores de suelo han visitado varias veces los juzgados.
Al margen, Olloniego II está acabado e inaugurado desde hace un año y sigue vacío. Sólo 13 de las 32 parcelas han encontrado comprador después de dos concursos, el primero ampliado en varias ocasiones. La demanda de suelo industrial ha desaparecido e, incluso, algunos de los compradores, como adelantó EL COMERCIO, han solicitado aplazar sus inversiones.
30,8 millones
De los casi 30,8 millones de euros de la liquidación remitida al Instituto del Carbón, a mayor parte, 24,7 millones, corresponden a las obras de urbanización, adjudicadas a Sánchez y Lago y con un plazo de ejecución de 20 meses, que pese a algunas dificultades se cumplió.
Las obras dejaron 252.000 metros de polígono, 93.000 metros menos que el proyecto inicial, después de que a instancias de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, el Principado redujese en esa cifra la reserva regional de suelo para no invadir el dominio público hidráulico. El «tijeretazo» mermó también el suelo para naves industriales, de 255.601 metros a 146.862. Sobre ellos, sólo se levantan un año después el acelerador de empresas de la Cámara de Comercio y un centro de producción audiovisual, construido con dinero público y privatizado luego. En un borde, se levanta el polideportivo Manuel Novo. Y ya está.
La segunda fase recibió más fondos mineros que la primera: 23,7 millones de euros, de los que el Ayuntamiento calculaba que las expropiaciones supondrían 6,7. El recorte de la superficie y las sucesivas sentencias que han ratificado el precio de las primeras expropiaciones, han permitido dejar esa cifra en tan sólo 5,1 millones.
El ahorro alivia el déficit que ha dejado en las arcas municipales el fracaso en la venta de las parcelas. El Ayuntamiento confiaba en recuperar el dinero con la comercialización de los solares, con una veintena de terrenos sin comprador las cuentas no cuadran.
Además, la tramitación de las obras y la gestión del desarrollo ha generado otros gastos de más de 900.000 euros. La consultora Payma Cotas cobró casi 131.000 por los trabajos previos a las expropiaciones. Cinturón Verde (propiedad en un 92% del propio Ayuntamiento) facturó con cargo proyecto y por la «coordinación y dirección» de los trabajos (que a su vez subcontrató), medio millón de euros. Más de 50 hectáreas, casi 50 millones de euros, para un futuro industrial que no llega.
No hay comentarios:
Publicar un comentario